Según el informe de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), el Gobierno ingresa 123 millones por la venta de edificios que son patrimonio de la Administración del Estado, en cambio, el ahorro por los alquileres asciende a poco más de 45 millones de euros.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy recuerda que el programa de enajenación de inmuebles cuenta actualmente con 15.290 edificios y añade que los ingresos durante el periodo entre el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2013 por ventas de los que son patrimonio de la Administración General del Estado son 123,61 millones.
El balance de actuaciones en relación con el Plan Inmobiliario también incluye los alquileres, ya que el objetivo es impulsar actuaciones que permitan la mejora en la gestión de los arrendamientos, con renegociación de rentas y resolución de contratos. Hasta la fecha, se han obtenido ahorros para el Estado de 45,69 millones de euros.
También se está reduciendo el uso de todo tipo de vehículos de la administración, con medidas plenamente operativas como la «Reforma de los servicios automovilísticos que presta el Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado (PME)».
Reducción de organismos públicos
Otro punto a destacar que nos hace saber el informe es que las comunidades autónomas han procedido ya a la extinción de 607 empresas públicas desde que empezó el proceso en julio de 2010 y su objetivo es conseguir una reducción neta de 751 entidades y organismos. En el caso de los entes locales, ya han eliminado un 18 por ciento de esos organismos.
En el caso concreto de las CCAA, la reducción de entidades asciende a 751 entidades y organismos (un total del 31,75% de los 2.365 existentes).
En la Administración local, ese proceso de reducción ya llega al 18%, al pasarse de una situación en 2010 de 5.713 entes locales a 4.696 en la fecha actual. Según el Gobierno, las medidas de reducción de organismos por parte de CCAA y Ayuntamientos se han visto «reforzadas con la entrada en vigor en diciembre de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impide la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un Plan económico o a un plan de ajuste».
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